El diputado provincial, Juan Manuel Rossi (PS-JxER), consideró relevante que la Cámara de Diputados de la Nación, apruebe el proyecto que declara “Zona de Desastre y Emergencia Hídrica, Económica y Social al Departamento Concordia”, presentado por el diputado nacional socialista, Esteban Paulón, con la coautoría de la diputada del mismo espacio, Mónica Fein.

“Este proyecto de ley tiene por finalidad la adopción de acciones concretas destinadas a promover la recomposición del ambiente en Concordia y propone al gobierno Nacional, la creación de un Fondo económico especial para asistir a los damnificados y reconstruir las economías e infraestructura afectadas por las inundaciones”, detalló el diputado Rossi.

Destacó que, por otra parte, propicia crear un Fondo de Recomposición Ambiental “que estará destinado a disminuir el daño ambiental causado por los incendios que vienen sucediendo en el departamento Concordia”.

DETALLES. El Fondo de Recomposición Ambiental estará constituido por:
a) Los recursos provenientes del Tesoro nacional hasta el 0.003% del Presupuesto Nacional.
b) Los recursos provenientes de medidas de compensación ambiental, de acuerdo a los convenios que en cada caso se suscriban.
c) Los fondos nacionales e internacionales provenientes de donaciones públicas o privadas, de acuerdo a los convenios que en cada caso se suscriban.
d) Las asignaciones recibidas de organismos nacionales o internacionales, de acuerdo a los convenios de cooperación que se suscriban.

El Poder Ejecutivo Nacional en coordinación con el gobierno provincial de Entre Ríos, autoridades y comunas afectadas y la Embajada de Uruguay en la República Argentina, instrumentará los mecanismos necesarios para fijar objetivos, prioridades y metodología de distribución de los recursos asignados.

El Fondo de Recomposición Ambiental será administrado por una autoridad ejecutora designada por el Poder Ejecutivo, que deberá estar integrada por representantes de la provincia de Entre Ríos y de las municipalidades del departamento de Concordia.
Se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a instrumentar, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), planes de pagos especiales, quitas y/o condonaciones a los contribuyentes comprendidos en la zona y periodo de emergencia declarada.

“Tanto el tema de las inundaciones como el de los incendios, son recurrentes en esa zona de nuestra provincia que requiere una rápida intervención del Estado, para atender estas situaciones en una región productivamente favorable, pero con condiciones sociales y ambientales críticas, producto de la inacción de los gobiernos anteriores, de allí que respaldamos esta iniciativa del diputado Paulón, a la espera de que cuente con el acompañamiento de sus pares en el Congreso Nacional”, concluyó el diputado Rossi.

Durante el encuentro con el COE, el mandatario agradeció a todos los que están trabajando “para aliviar, en estas familias damnificadas, un poco el dolor que provocan las inundaciones recurrentes en nuestra provincia”.

En la oportunidad, reconoció el trabajo y la organización que tienen para afrontar esa situación adversa y agradeció a “las fuerzas de seguridad, a las fuerzas armadas y a las fuerzas vivas de la ciudad, por todo el esfuerzo que están haciendo para contener a las familias”.

“El acompañamiento del gobierno provincial y el gobierno municipal está garantizado en todo lo que es alimentación, agua potable, medicamentos, frazadas, colchones, centros de evacuación, para los que así lo requieran”, aseguró el mandatario. Asimismo, afirmó que los estudiantes tienen garantizado el transporte para asistir a la escuela.

“Tenemos que poner todo lo que podamos de nuestra parte para ayudar a estas familias que cada vez más seguido tienen que abandonar sus hogares cuando sube el nivel del río”, subrayó el mandatario.

En la oportunidad, puso énfasis en la necesidad de que los vecinos de Concordia se familiaricen con la línea telefónica gratuita 103.

Por otro lado, destacó la necesidad de empezar a trabajar, ni bien se retire el agua, para encontrar una solución estructural para estas familias en estos cuatro años de mandato, “tal como lo hicimos en su momento con la Defensa Sur”.

Respecto a sus gestiones, el mandatario entrerriano contó que el domingo habló con el ministro del Interior, Guillermo Francos. “Tenemos el compromiso del gobierno nacional de asistirnos y de darnos una mano en esta situación tan difícil y recurrente. Toda la ayuda disponible con la que contemos en el ámbito de Desarrollo Humano va a estar disponible para las familias de Concordia”, repitió.

Durante la recorrida Frigerio estuvo acompañado por la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; y los secretarios general de la Gobernación, Mauricio Colello; y de Comunicación y Prensa, Sergio Kneeteman. En tanto que para la reunión y conferencia de prensa, se sumaron el presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), Alejandro Daneri; el jefe del Área Hidrología de la CTM, Guillermo Collazos; y el titular del COE Concordia, Mauricio Alegre.

Trabajo conjunto

Por su parte, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, destacó “el trabajo articulado que se viene haciendo desde el Comité de Emergencia con todas las áreas del municipio, las instituciones intermedias, las fuerzas de seguridad, las fuerzas federales, la Policía de Entre Ríos y el Regimiento del Ejército, que también nos ha brindado un lugar para tener un centro de evacuados”.

La situación

El operativo de evacuación se realiza en forma conjunta entre las distintas áreas del municipio, las fuerzas armadas y de seguridad, Bomberos Voluntarios, Vialidad provincial y entidades intermedias.

Hasta este domingo, se evacuaron un total de 167 familias, 568 personas entre mayores y menores, de las cuales 359 fueron trasladadas a domicilios particulares y 209 a centros de evacuados.

Los centros de evacuados dispuestos son: El Refugio, de Carretera de la Cruz; las instalaciones del Regimiento; el Pormín y la ex Bagley.

El ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, fue el representante del Ejecutivo en el encuentro paritario con los gremios docentes. Hizo una nueva oferta que consta de un 5 por ciento de aumento salarial para abril (de los cuales 3 por ciento ya fueron liquidados), un 7 por ciento para mayo y un 8 por ciento para junio.

En este sentido, se indicó que la oferta de aumento se va a liquidar sólo si hay aceptación de la propuesta y firma de acuerdo paritario.

Además, se reafirmó la decisión de que una vez conocido el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, se fije fecha de audiencia paritaria a los fines de acordar la forma y términos en que se actualizará el salario docente y cerrar el primer semestre 2024.

El tercer punto propuesto por el gobierno está asociado a la base de cálculo para el salario docente. Donde se propuso moverla a junio a partir de la liquidación de haberes de julio. Con relación a este último ítem se sigue apostando a la actualización, tal como se hizo en dos ocasiones desde que se inició la actual gestión provincial.

El encuentro fue presidido por el director de Trabajo, Juan Pablo Irurueta.

Diputadas y diputados del bloque Juntos por Entre Ríos ingresaron el viernes 10 de mayo un Proyecto de Resolución en el que instaron al resto de los legisladores a “adoptar urgentes medidas sobre el Patrimonio Público Puente Paso Birrichín, que se encuentra emplazado sobre el Arroyo Feliciano entre los límites geográficos de los departamentos La Paz y Federal, el cual está en un estado de total inoperatividad y cuyo valor resguarda los intereses colectivos”.

El proyecto fue presentado por María Noelia Taborda, y contó con el acompañamiento de Mauro Godein, Jorge Maier, Rubén Rastelli, Carolina Streitenberger, Juan Manuel Rossi, Aranda Lenico, Erica Vázquez, María Elena Romero, Marcelo López, Gabriela Lena, Silvio Gallay, Carola Laner, Susana Pérez y Fabián Rogel.

En los fundamento, los diputados resaltaron que “el Estado Provincial tiene la responsabilidad de asegurar el adecuado uso del Patrimonio Público, que pertenece a toda la población. La gestión íntegra de los recursos públicos, el respeto a la buena fe y el derecho colectivo a salvaguardar el patrimonio público son principios fundamentales que enmarcan la moralidad administrativa”. Añadieron que “la garantía colectiva para la defensa del patrimonio público es esencial para salvaguardar los bienes derechos y obligaciones de la sociedad en su conjunto. Este respaldo se basa en la protección y el orden que busca preservar el patrimonio público de cualquier forma de daño o detrimento”.

El proyecto citó notas periodísticas que dieron cuentas del derrumbe del puente en 2016 y de las consecuencias traumáticas para la población que aquello generó; a lo que se sumó que el arreglo del enlace vial, a pesar del paso del tiempo y de las promesas de la gestión de aquel momento, no se implementaba.

• Inoperable

Los legisladores y legisladoras oficialistas mencionaron que “luego de incontables reclamos por parte de la población en el mes de noviembre del año 2020, ‘el gobierno provincial incluyó en el presupuesto 2021 la construcción de un puente principal y dos aliviaderos en Paso Birrinchin, entre los departamentos Federal y La Paz. Legisladores provinciales destacaron la decisión política del gobernador Gustavo Bordet de encarar la obra con fondos propios’”, información que obtuvieron de la página de la secretaría de comunicación.

Además, manifestaron que “siguiendo con la línea de tiempo del Puente desahuciado hasta el 2021, según la Revista Mundo Rural en nota de mayo de 2022 el puente seguía sin repararse y en el año 2022 sale la Ley Nº 10981 declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles afectados por la obra Puente Paso Birrinchin, sobre Arroyo Feliciano, siendo la única realidad de que el Puente a ocho años sigue siendo inoperable”.

En el proyecto destacó que “es bien sabido que este puente constituye una vía de comunicación vital tanto para los productores locales, incluyendo ganaderos y agricultores, como para los ciudadanos en general, facilitando el transporte y el comercio en la región. Por lo tanto, es imperativo que no continúen los perjuicios para la comunidad. Es urgente que se implemente esta ley y se le dé seguimiento adecuado”. (APFDigital)

INFORME DE LA ASOCIACIÓN CIVIL PARA LA CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DEL ECOSISTEMA ENTRERRIANO FORMADA POR SUS HABITANTES Y TRABAJADORES – ACETRA.
Luego de haberse habilitado la caza deportiva menor en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco e inclusive en la Rca. Oriental del Uruguay, la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización dispuso este viernes 10 la apertura para Entre Ríos.
En la ciudad de La Paz el pasado 25 de abril se realizó una audiencia pública donde se expuso y se debatió el estudio poblacional sobre anátidos entre otras especies en Entre Ríos, el que fue realizado por especialistas de nivel internacional, expertos de la referida Dirección, entre otros funcionarios. De la misma formaron parte mas medio centenar de personas, el Ministro Bernaudo, los Secretarios Boc-Ho y Satto, el Director Sapeti, fuerzas de seguridad, ONG´s animalistas
(algunas que otrora iniciaran amparos pero que nada han cuestionado en la mismísima audiencia), asociaciones, fundaciones ambientalistas, entre otras, resumiéndose el cónclave luego de las ponencias y respuestas brindadas se concluyó en un valioso aplauso en concreta aceptación sobre
el resultado de los estudios que se podría sintetizar periodísticamente, en que no se corre riesgo poblacional alguno para la caza de anátidos en 2024, y siendo que las provincias vecinas como región de migración de anátidos en concordancia con los estudios que fueron base de sus habilitaciones lo resolvieron desde principio de Mayo como se hace tradicionalmente.
Tal como lo hacen todos los países civilizados, el uso racional de los recursos naturales, sostenibles a perpetuidad, se permite bajo condiciones reglamentadas y favorece el arraigo y apreció por la naturaleza, además de generar invaluables beneficios sociales y económicos.
En caza deportiva menor se vienen haciendo las cosas bien, ya desde la gestión anterior en agosto se participó del método del estudio poblacional, lo que continuó estudiando hasta la audiencia la gestión actual del Director Sapeti.
De las 14 especies de patos estudiadas, las que no tuvieran merma poblacional se habilitó solo la mitad, se prohibió el uso de municiones de plomo en anátidos, aparte de ello se estableció la hoja de ruta entre otros requisitos a cumplir, por lo que la fiscalización promete ser una de las premisas de la estión Sapeti.
Sabido es que este turismo aventura, es movilizador del trabajo en los pequeños poblados donde se realiza y del standard de vida de los lugareños, que
aparte de la caza deportiva menor, se brinda alojamiento, comidas, avistaje, eventos, safaris fotográficos, en algunos paseos en lanchas y pesca,
entre otras actividades; que hacen al posicionamiento entrerriano en trabajo genuino, conservacionismo, cultura, deporte y turismo.
ACETRA es una Asociación Civil sin fines de lucro, conformada por habitantes y trabajadores comprometidos con el cuidado y conservación del ecosistema entrerriano. Desde su creación, ACETRA ha impulsado diversas iniciativas destinadas a proteger la fauna y flora autóctonas, promover el turismo aventura responsable y generar oportunidades de trabajo y desarrollo sostenible en la región. Su compromiso con la preservación del medio ambiente y la promoción de un desarrollo económico y social sostenible, hacen de ACETRA una organización líder en su campo.

En el marco de la agenda de vencimientos 2024 y ante la suspensión de actividades del sector bancario por el paro de este jueves que afectó el cobro de impuestos en las entidades habilitadas, la administradora extendió la posibilidad de pago corriente del primer anticipo y pago anual del impuesto a los automotores 2024 -sin multas ni intereses- al miércoles 15 y jueves 16 de mayo próximos.  Así quedó establecido en la Resolución 116/24 ATER

Para acceder, los contribuyentes cuyo impuesto venció el jueves 9 de mayo podrán pagar por los medios habilitados -sin recargos por pago vencido – a partir del día lunes 14 de mayo.

Por otra parte, se recuerda la vigencia del descuento por pago anual (5 por ciento) y el descuento del 10 por ciento adicional en caso de que hayan cancelado en 2023 el impuesto correspondiente a ese año.

Los medios de pagos habilitados para cancelar los vencimientos son:

Medios presenciales

– Centros cobro Entre Ríos Servicios: Portando la misma boleta o reimprimiendo una nueva desde www.ater.gob.ar a partir del lunes 14 de mayo.

Medios electrónicos

– Botón de pagos web (desde www.ater.gob.ar) indicando DNI/CUIT o número de partida, o código de barras de su boleta. Abona con Tarjeta de Débito o Débito Inmediato (DEBIN)

– Volantes Electrónicos (Desde los servicios de ATER con clave fiscal)

Para más información, los interesados pueden consultar y/o descargar los avisos desde www.ater.gob.ar o comunicarse con el Servicio de Asistencia al Contribuyente llamando al 0810-888-2837 de lunes a viernes de 8 a 13 o mediante el correo electrónico: consultas@ater.gob.ar

(Prensa ATER)

Los equipos técnicos de la secretaría de Justicia están trabajando desde comienzos de gestión para introducir modificaciones a la ley orgánica del Consejo de la Magistratura. Hace dos semanas concluyeron el borrador final que está siendo evaluado por otras áreas de Gobierno. Recién una vez que supere todos los filtros internos será enviado a la Legislatura.

En gran medida, la reforma busca volver al esquema anterior del Consejo. Se trata de la regulación que estuvo vigente hasta 2022. Luego vino la modificatoria impulsada por el Poder Ejecutivo a cargo de Gustavo Bordet que la oposición no acompañó y además prometió modificar en caso de ser oficialismo.

Las variaciones que se impulsarán están referidas, en su mayoría, a aspectos inaplicables del texto vigente desde hace un año y medio. El panorama que se presenta es muy complejo. En los últimos 5 años, el Consejo inició 50 concursos, muchos de los cuales están pendientes de resolución aún. Y hay 57 más pendientes de llamado que fueron informados por el Superior Tribunal. La cifra se incrementa día a día por jubilaciones y renuncias.

El primero de ellos es el banco de casos. En 2022 se introdujo este mecanismo, que esperaba lograr 100 casos sobre 22 ejes legales diferentes. Con estos modelos se concursarían los nuevos concursos. Pero la realidad mostró que sólo se consiguieron sumar 200 casos. Y muchos de ellos fueron impugnados por concursantes debido a que no respetaban los criterios de los códigos procesales provinciales y las regulaciones dadas por el Superior Tribunal en acordadas.

Según se indicó a esta Agencia, los casos fueron aportados de manera gratuita por gestiones personales. Esto redujo la seriedad del material. La propuesta es resucitar el sistema previo, en el cual los jurados llevaban casos para que sean resueltos por los postulantes. Desde siempre hubo sospechas de parcialidad por filtración, pero por ahora aparece como la salida posible del atolladero.

En caso de que la opción elegida sea suspender la aplicación del banco de casos, se trabajaría durante dos o tres años para terminar de confeccionarlo.

También se puso la lupa sobre el esquema de recusaciones y excusaciones, que establece los criterios por los cuales un jurado puede dejar de desempeñar su función. “Es muy estricto”, evaluaron en Justicia. El rigor actual establece que alguien que haya sido docente de alguno de los inscriptos a un concurso debe inhibirse o puede ser recusado. La realidad marca que gran cantidad de profesores universitarios tuvieron en sus clases a quienes se anotan para lograr un puesto en la Justicia.

Esto afecta sobremanera a una lista de jurados que ya de por sí es “corta”, consignaron en el Gobierno provincial. En algunas áreas y cargos específicos incluso puede terminar vacía, señalaron.

En el área cavilaron sobre la eventualidad de pagar a jurados técnicos. Pero la realidad de la falta de recursos es un límite material infranqueable por ahora. Afecta también a la conformación de los equipos que deben realizar el examen psicodiagnóstico, que debe ser el mismo para toda la nómina de un concurso. Ni el Hospital Escuela de Salud Mental ni el Iosper están en condiciones de responder a esta demanda. Se proyecta un acuerdo con los Colegios que abordan la materia, pero por ahora la posibilidad está escrita con lápiz.

El punto más álgido será la eliminación de la intervención del Superior Tribunal en el proceso de puntaje. Tras la reforma del ’22, un postulante inconforme con la nota otorgada por el Jurado en las dos primeras etapas (antecedentes y exámen), podía pedir la revisión del pleno del Consejo. Y luego presentar una apelación ante el STJ, si su planteo no había sido atendido.

En Justicia quieren regresar al esquema anterior. Antes de la última reforma, la inconformidad con este paso intermedio podía llegar a la Justicia tras la resolución del plenario, pero a través del esquema contencioso administrativo. Se apoyan en números para apuntalar esta vuelta atrás. Con el sistema pre 2022, hubo 8 recursos judiciales. Tras la reforma, se cuentan 19 apelaciones al Superior. Cada vez que llega al máximo tribunal, la mora en cada concurso se estima entre 6 y 8 meses.

En el Palacio de Justicia no están de acuerdo con este retroceso. En el segundo piso de Tribunales evalúan que quitar la recursividad ante el Superior demoraría “años” la resolución de un concurso impugnado en esa etapa. Además, dejaron en claro que, formalmente, no hubo ninguna consulta sobre el texto de reforma al Consejo. De manera informal se anticipó una invitación que aún no se concretó.

En carpeta también está cambiar los criterios consensuados para otorgar puntajes. El Gobierno comparte el criterio de los abogados particulares que se quejan de que gente designada “a dedo” gane puntos durante años por los vínculos personales que posee, en detrimento del profesionalismo. Por eso, pretende echar mano a una guía elaborada por la camarista penal Marcela Davite en conjunto con personal del Consejo, que deja de lado ese concepto. (APFDigital)

En Villaguay, el gobernador Rogelio Frigerio, junto a la vicegobernadora Alicia Aluani, se reunió este miércoles con los concejales de Juntos por el Cambio de la provincia, con quienes acordó continuar los encuentros de trabajo.

Frigerio se reunió con los concejales de Juntos por el Cambio de la provincia
Allí, el gobernador dijo que “nos hacemos cargo de gobernar sin beneficio de inventario y tenemos que dar respuestas. En un primer momento estas respuestas son gestionar sin recursos”.

“Creemos que con creatividad, compromiso, convicción, eficiencia y eficacia en la gestión, se pueden dar respuestas. Por supuesto, muchas menos que si tuviéramos esos recursos”, acotó.

Aclaró que también estos momentos sirven “para prepararnos para cuando esos recursos estén, porque no van a ser, espero, cuatro años de la misma manera”. Por ello, “tenemos que gestionar y generar los proyectos, las ideas que sí necesariamente requieren de un financiamiento presupuestario para ser llevadas a cabo y tenemos que estar primeros en la fila. Con la carpeta, los proyectos, para recibir el recurso del gobierno provincial, nacional, cooperación internacional, préstamos o financiamiento de organismos multilaterales”.


Sobre la cuestión, Frigerio acotó que está gestionando recursos para la provincia “en un contexto muy complicado”.


Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, valoró la importancia del encuentro cumpliendo uno de los ejes que planteó el gobernador de descentralizar y mostrar un gobierno cercano a la gente, a la dirigencia y, de alguna manera, no focalizado y concentrado en Paraná. “Este tipo de encuentros son muy propicios, generan un ida y vuelta, y un intercambio que es muy útil para los tiempos que corren”.

Asimismo, señaló que “no son tiempos fáciles, no son tiempos cómodos para la dirigencia, pero precisamente creo que en la incomodidad de estos momentos tenemos que sacar la fortaleza para poner el cuerpo y defender la gestión, ideas y gobierno”.


De la reunión participaron los ministros de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; de Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; y de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; los secretarios de Legal y Técnica, Esteban Vitor, y de Comunicación y Prensa, Sergio Kneeteman; asimismo, la presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese