El Gobierno de Entre Ríos llevó adelante un abordaje integral y coordinado entre distintos organismos del Estado ante la aparición de mensajes intimidatorios en instituciones educativas de la provincia, con el objetivo de resguardar a estudiantes, docentes y personal escolar, y transmitir tranquilidad a toda la comunidad educativa.
A partir de la activación del protocolo del Consejo General de Educación (CGE), se desplegó un trabajo conjunto con la Policía de Entre Ríos, el Poder Judicial y otras áreas gubernamentales, priorizando la prevención, el acompañamiento institucional y la continuidad del servicio educativo. Las acciones incluyeron el refuerzo de la seguridad en establecimientos, la intervención de áreas especializadas y el seguimiento de cada situación en territorio.
Durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, la coordinadora de Políticas Transversales del CGE, Clarisa Zalazar, remarcó la decisión de sostener la presencialidad al señalar que «no suspendemos las clases porque la escuela es, y debe seguir siendo, el lugar más seguro para nuestros hijos», y explicó que por eso «se decidió mantener la presencialidad, pero de manera cuidada y con todos los resguardos necesarios». En ese marco, subrayó que el abordaje de estas situaciones requiere del compromiso conjunto: «Para que esto funcione, necesitamos del trabajo articulado. No podemos solos. La seguridad no es solamente un patrullero en la puerta de la escuela, la seguridad empieza en la mesa de cada casa».
Asimismo, apeló directamente al acompañamiento de las familias en el uso de las redes sociales: «Les pido que se sienten con sus hijos, que puedan acompañarlos y revisar qué están consumiendo en redes, qué desafíos o mensajes circulan en sus grupos de WhatsApp». En esa línea, insistió en la necesidad de generar conciencia: «Es fundamental que comprendan que lo que a veces parece un juego digital tiene consecuencias reales en la vida de otras personas».
Por su parte, el asesor Legay y Técnico del CGE, Cristián Grandolio, ratificó la plena disposición del organismo para colaborar con las tareas investigativas y detalló que la Justicia dispuso medidas cautelares en instituciones de Gualeguaychú, garantizando al mismo tiempo la continuidad pedagógica. «El equipo de asesores jurídicos y letrados está acompañando la propuesta del Consejo General de Educación que es sostener la continuidad del servicio educativo en condiciones de presencialidad, articulando todas las medidas de seguridad necesarias», indicó.
En tanto, desde la Policía de Entre Ríos se reforzaron los operativos preventivos en el marco del programa Corredores Seguros. El jefe de Operaciones, Diego Cabello del Campo, explicó que el despliegue «acentuó un operativo que ya está diagramado desde el inicio del ciclo lectivo», con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad para estudiantes, docentes y familias en el ingreso y egreso a los establecimientos educativos.
Asimismo, el jefe de la División Cibercrimen, Ariel Escobar, señaló que se avanza en el análisis de distintos elementos vinculados a los hechos y destacó resultados positivos en tareas investigativas realizadas en otras localidades, al tiempo que continúan las acciones de monitoreo en entornos digitales.
Por último, el director de Protección Integral de las Adolescencia del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Pablo Galarza, remarcó la importancia del trabajo conjunto bajo el principio de corresponsabilidad y convocó a las familias a involucrarse activamente. «Es fundamental hablar con nuestros gurises y, ante cualquier situación irregular, acercarse a las áreas de Niñez o a los servicios del Copnaf para intervenir de manera oportuna», sostuvo.
De este modo, el Gobierno provincial reafirma su compromiso con el cuidado de la comunidad educativa, fortaleciendo la articulación institucional y promoviendo entornos seguros que garanticen el desarrollo de las actividades escolares con normalidad.
