De Análisis Digital
El sistema penitenciario de Entre Ríos hoy no solo se mide en muros y rejas, sino en las historias de las 3.318 personas que se encuentran bajo su custodia. Detrás de la frialdad de los números, que indican un crecimiento sostenido de aproximadamente 22 nuevos internos cada mes, existe una realidad que golpea tanto a quienes están privados de su libertad como a los trabajadores que deben sostener el sistema.
Hoy la realidad indica que todo se mantiene en pie por la voluntad y las ganas de los que trabajan en el Servicio Penitenciario Provincial y juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para ir solucionando problemas. En este universo entran los docentes y talleristas que hacen un esfuerzo enorme para que las personas detenidas puedan superarse
La saturación ya no es una advertencia, es el presente. La Unidad Penal N° 1 de Paraná, por ejemplo, hoy es el hogar de 1.048 personas. Hogar, una forma suave de llamar a un lugar que hace años tendría que haber cambiado porque las reformas son insuficientes.
En este contexto, la atención básica se vuelve una tarea titánica: la falta de personal médico —con casos de un solo profesional para más de mil internos— y la escasez de operadores técnicos transforman el día a día en un desafío de supervivencia operativa.
Esta presión no termina en los muros de la prisión; se traslada directamente a los pasillos judiciales. Los Juzgados de Ejecución se encuentran en un punto crítico, especialmente en Concordia, donde deben supervisar la situación de 1.211 internos penados. A este abrumador volumen de casos que se encuentran dentro de las cárceles, se les debe sumar el universo de personas que están bajo control judicial en modalidades extramuros: aquellos en prisión domiciliaria, libertad condicional, libertad asistida y bajo medidas de seguridad, lo que engrosa de forma exponencial las carpetas activas.
Con recursos humanos limitados y una sola defensoría para semejante volumen de casos, la justicia corre el riesgo de volverse mecánica, perdiendo la capacidad de analizar cada historia humana con la profundidad que merece.
La situación no es muy distinta en Paraná. Hay dos defensores para más de 1.000 presos, un fiscal y un relator, que se transforma también en fiscal. En Gualeguaychú el volumen de causas es menor, pero los defensores y fiscales tienen además de la tarea en el juzgado de Ejecución intervenir en preventivas, restricciones.
Los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná de Concordia y Paraná atienden más de 20 audiencias por semana. Cecilia Bértora y Juan Lazzaneo están tapados de trabajo. En Gualeguaychú, Margarita Vacari no se queda atrás, pero su juzgado tramita hoy 431 causas de internos.
El fracaso de las penas cortas: adicciones sin tratamiento y ajuste educativo
Uno de los puntos más dolorosos de este diagnóstico es el ciclo de la reincidencia en los delitos menores. Un gran porcentaje de la población, el 34,42%, está allí por delitos contra la propiedad o tentativas de robo. Es aquí donde aparece el fenómeno de las «penas cortas»: condenas de pocos meses que, debido a la saturación y la falta de personal especializado, se convierten en un tiempo «muerto».
Durante esos meses de encierro, la persona suele no encontrar el espacio ni el acompañamiento necesario para abordar dos de las causas raíz de su conducta: la falta de escolaridad y el consumo problemático. En materia de adicciones, la situación es un verdadero problema y roza el abandono: existen unidades penales que directamente no cuentan con psiquiatra.
Una autoridad del Servicio Penitenciario confirmó a Cuestión de Fondo (CdeF) que Paraná concentra los únicos dos profesionales en psiquiatría activos: uno en la Unidad Penal Nº 1 y otro en la Nº 6. Las restantes unidades de la provincia carecen de este especialista.
Según explicó el funcionario consultado por CdeF, esta carencia crítica se debe a una incompatibilidad administrativa y legal que impide a los psiquiatras trabajar en la cárcel y, en paralelo, desempeñarse en otro organismo público. Corregir esta incompatibilidad resulta urgente para poder convocar profesionales a los penales del interior.
A este panorama sanitario se le suma el retroceso educativo. La falta de oferta escolar en todas las cárceles y de talleres está directamente ligada a la realidad institucional de la provincia y el país: el Consejo General de Educación (CGE) y sus recortes presupuestarios, sumado a los recortes que padecen la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) la situación es preocupante. Estos recortes terminan resintiendo y vulnerando el derecho a estudiar de personas que, ya antes de caer presas, se encontraban excluidas del sistema educativo formal.
Sin talleres de formación constantes y sin programas de rehabilitación de adicciones que puedan desarrollarse en tiempos breves, el interno cumple su condena y sale a la calle en la misma situación de vulnerabilidad en la que entró o a veces peor.
La necesidad de una mirada integral y alternativas de semidetención
Para que el sistema penal cumpla su función social, la solución parece clara pero urgente: se necesita más personal. No solo más guardias, sino más médicos, más docentes, más psicólogos y más operadores judiciales que puedan acompañar los procesos de ejecución de pena. Más gente en los juzgados de Ejecución
La situación de cárceles llenas ha venido para quedarse si no se interviene en el tejido humano. Solo mediante el fortalecimiento de los recursos y un enfoque que priorice la educación y la salud frente a las adicciones, podremos aspirar a que el paso por la cárcel sea un punto de inflexión y no simplemente una pausa en una carrera delictiva que el sistema, hoy desbordado, no alcanza a sanar.
Las autoridades gubernamentales deben avanzar en la necesidad de crear una alternativa para jóvenes que más que delincuentes son víctimas de adicciones y de un abandono total. Cada vez es más real la necesidad de lograr que se creen lugares de semidetención diurna o nocturna para trabajar con personas que, si no son atendidas hoy, serán seguros huéspedes de las unidades penales. Esta modalidad de semidetención —diseñada específicamente para que los internos no pierdan su actividad laboral—, sumada a los trabajos comunitarios, representan herramientas clave que la ley permite aplicar a penas menores a los seis meses, evitando el efecto desocializador del encierro corto en cárceles comunes.
Impacto del narcomenudeo y la perspectiva de género
La fragmentación de los delitos relacionados con drogas muestra una realidad interesante: hay más internos por Narcomenudeo (Ley Provincial 10.566) con un 8,79% (277 casos) que por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737, que representa el 7,55% (238 casos).
El tema de los presos federales se ha convertido en un grave problema para el Servicio Penitenciario Provincial porque la Nación abona por cada uno de ellos la módica suma de 2.500 pesos por mes por interno. Desde hace años se espera que la Provincia tome una medida y disponga que los presos federales vayan por ejemplo a la cárcel de Coronda. “Son presos caros”, dijo una fuente consultada por Cuestión de Fondo.
Al observar a las mujeres (145 en total), se detecta que el 33,8% de ellas (49 de 145) están detenidas por narcomenudeo. Esto refuerza la tesis sociológica de que las mujeres suelen ocupar los eslabones más bajos y vulnerables de la cadena de tráfico (la venta minorista), lo que las hace más susceptibles a la persecución bajo leyes provinciales de narcomenudeo.
Las mujeres están presas en Paraná y Gualeguaychú; en esta última se hizo un lugar especial para ellas teniendo en cuenta que la capacidad de la Unidad Penal Nº 6 estaba también al límite.
Alarmante prevalencia de delitos sexuales
Uno de los puntos más críticos es la composición de la población según el tipo de delito. Si bien los delitos contra la propiedad (robos y tentativas) representan la mayoría con un 34,42% (1085 internos), resalta significativamente que los delitos contra la integridad sexual (abuso sexual y otros) ocupan el segundo lugar con un 26,27% (828 internos). En la provincia hay más personas detenidas por delitos sexuales que por homicidios (22,43%).
Al analizar el estado procesal, se observa que, de los 3152 internos alojados en unidades penales, 456 se encuentran bajo prisión preventiva, lo que representa aproximadamente el 14,5% de la población en unidades. Número que es sostenido desde algunos años.
Aunque la gran mayoría son internos penados (2690), la existencia de casi 500 personas sin condena firme indica una carga procesal constante sobre el Poder Judicial. Además, la concentración de la población es desigual: la Unidad Penal N° 1 de Paraná alberga a casi un tercio del total provincial (1048 internos), lo que podría sugerir una presión operativa mayor en la capital en comparación con otras unidades como la UP8 de Federal, que solo tiene 132.
Sobre este punto, fuentes consultadas por Cuestión de Fondo destacan el trabajo que viene realizando el Comité para la Prevención de la Tortura de Entre Ríos (CPPTER). El comité no solo trabaja con el tema de los sin condena, sino también con algo que viene sucediendo en las comisarías de la provincia. “Hay personas que son detenidas en comisarías después que se repartió la comida y quedan muchas horas sin comer, y estas personas, a veces, ya vienen de días sin comer. Entonces esto que se viene repitiendo, según los detenidos, el Comité lo viene tratando”, deslizó una autoridad consultada por CDF.
